lunes, 20 de agosto de 2012

PARA VOLVER A OPERAR EN EL PAÍS

Empresa italiana devuelve $31 millones por fraude en Yacyretá

Ansaldo Energía cobró, con comprobantes supuestamente falsos, reembolsos fiscales indebidos. Acordó con el Ministerio de Economía abonar esa suma a cambio del levantamiento de los embargos en su contra.

Se trata de Ansaldo Energía SpA, empresa del sector energético que había sido acusada de fraude por cobrar, con comprobantes supuestamente falsos, reembolsos fiscales indebidos durante la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, la más grande del país.
La compañía devolvió los 31 millones de pesos que le reclamaba el Estado, para emprolijar su situación judicial, y poder retomar sus negocios en el país. Por los delitos mencionados, varios ex-ejecutivos están siendo investigados por la justicia federal.
Ansaldo fue la proveedora de turbinas para la represa binacional argentino-paraguaya. La represa, que tardó décadas en terminar de construirse, fue considerada el "monumento a la corrupción".
Tras el acuerdo firmado con el Ministerio de Economía, la empresa pagó el dinero que se le reclamaba y logró que se le levantaran los embargos en la causa penal y en la acción civil iniciada por la Argentina para recuperar el dinero, que sumaba un total de $50,4 millones.
A pesar del acuerdo transaccional entre la empresa y el Ministerio de Economía, el próximo 23 de febrero está previsto que comience un juicio oral y público contra ex funcionarios acusados de permitir entre 1999 y 2000 que se pagaran esos 31 millones de pesos.
En el proceso hay imputados varios exfuncionarios de la Secretaría de Energía, de la entonces Subsecretaría de Industria, así como dos consultores privados. Todos reclamaron ante el Tribunal Oral Federal N° 6 que la causa se encuentra prescripta, dado que pasaron 12 años desde que ocurrieron los hechos.
La denuncia fue realizada en su momento por la Oficina Anticorrupción, que actuó como querellante en la causa para tratar de recuperar el dinero pagado indebidamente.. El organismo "prestó conformidad", y exigió que "el monto pagado guardara relación con el daño provocado y que además la empresa se comprometiera a adoptar un código de ética".

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